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En la Mira / Secretaría de pueblos indígenas en Chiapas; nido de abusos y corrupción

En la Mira / Secretaría de pueblos indígenas en Chiapas; nido de abusos y corrupción
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Héctor Estrada

En tremendo problema legal se encuentran actualmente la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) en Chiapas, y su titular Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, tras el desacato flagrante a la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación (PJF) que ordenó la reinstalación de trabajadoras que habían sido hostigadas, amedrentadas y despedidas injustificadamente por instrucciones directas del propio secretario estatal.
La serie de conflictos laborales al interior de la SEDESPI comenzaron desde agosto 2015 con la llegada de Hernández Gómez y su ya muy mala fama de abusos, violencia y corrupción a cuestas. Con las primeras semanas, el hostigamiento contra el personal comenzó a hacerse una constante. Desde ese entonces, las denuncias públicas sobre abuso de poder y misoginia al interior de la secretaría estatal constan en algunos medios de comunicación y redes sociales.
Se trata de un protagonista nada nuevo para los escándalos legales, personales y políticos en Chiapas. Al ex presidente municipal de San Juan Chamula se le recuerda muy bien por episodios como el sucedido el 18 de abril de 2015 cuando fuera detenido (con pistola en mano) tras golpear salvajemente a su esposa, para luego ser inmediatamente liberado por el Juez Calificador, mientras la víctima aún se recuperaba en la Clínica Ornelas de San Cristóbal de Las Casas.
A lo anterior se suman las acusaciones de sus coterráneos (aún sin denuncias penales) por su supuesta participación en delitos como desvío de recursos, tráficos de personas y drogas… Sin embargo, nada del negro historial fue obstáculo suficiente para evitar su nombramiento como parte del gabinete estatal, por recomendación del actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con quien tiene conocidos lazos de amistad y relación política como operador dentro de la conflictiva zona indígena.
Sin embargo, para Hernández Gómez el mayor conflicto legal se desató a principios del 2016 (sólo cuatro meses después de su nombramiento) cuando comenzaron los hostigamientos en contra de las trabajadoras Dulce Ángela López Martínez, Dolores Patricia Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo, Antonia Hernández Girón (todas madres de familia) y el trabajador Julio Cesar Méndez Sánchez; a quienes se intentó presionar para que dejaran sus puestos laborales.
Tras el fracaso de las presiones iniciales, como ya se ha vuelto una práctica recurrente dentro la administración de Hernández Gómez, se ordenó comisionar a las trabajadoras antes mencionadas para enviarlas a municipios lejos de su residencia. Pero el acto de evidente hostigamiento tampoco surtió efecto, por lo que el 2 de marzo de ese mismo año, de forma deliberada y arbitraria, fueron levantadas las tarjetas del control de asistencia, recibiendo únicamente una notificación verbal de que habían sido despedidas por “instrucciones del titular de la dependencia”.
Desde ese momento, las trabajadoras comenzaron actos de resistencia, acudiendo a laboral bajo su propio sistema manual de registro de asistencia e iniciando una serie de procesos legales que concluyeron con la emisión de medidas cautelares (el 1 de marzo de ese mismo año) a afecto de suspender cualquier acción de cese o despido injustificado; y, lo más importante, la sentencia emitida el 6 de mayo de 2016 por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales que, mediante el expediente 831/2016, ordenó la reinstalación de las trabajadoras despedidas injustificadamente y la prohibición de cualquier tipo de hostigamiento laboral sobre ellas.
Así fue como por instrucciones del PJF las trabajadoras fueron reinstaladas en la SEDESPI, pero los actos de acoso no cesaron hasta el 15 de mayo pasado cuando fueron nuevamente despojadas de sus puestos laborales. Y es que, de manera arbitraria y por demás sospechosa, la dependencia bajo responsabilidad de Dagoberto Hernández inició procedimientos de cese administrativo, con fecha del 20 de abril de 2016, ante el Tribunal del Trabajo Burocrático de Chiapas, sin que informara al tribunal burocrático ni de la resolución de restitución ni de los procesos mediante el Juicio de Amparo y su respectiva sentencia definitiva.
El comportamiento abiertamente arbitrario de Hernández Gómez y la dependencia bajo su cargo se encuentran hoy en condiciones jurídicas que podrían representar la destitución y/o hasta un proceso penal en contra del también ex presidente de San Juan Chamula por desacato a sentencias federales y ocultar información importante en procesos judiciales. Por todo ello, su permanencia al frente de la SEDESPI debe ser inmediatamente reconsiderada por el gobierno de Manuel Velasco Coello que, de plano, no sale de un problema para entrar a otro igual de escabroso… así las cosas.

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