Héctor Estrada
La mala e irregular administración de los recursos públicos en Chiapas ha sido, sin duda, uno de los principales detonadores de conflictos para el gobierno de Manuel Velasco Coello; bombas de tiempo que han reventado una tras otra sin que hayan significado cambios correctivos dentro de dependencias ejecutoras, como la Secretaría de Hacienda estatal, donde la inmunidad e impunidad parecen ya las directrices operativas.
La desaparición de fondos federales etiquetados, la eliminación de dependencias con todo y las plantillas de personal, el adeudo de salarios a trabajadores estatales y/o proveedores gubernamentales, la falta de insumos en hospitales y escuelas, y, ahora, el evidente desvío de recursos a los fondos destinados al pago de prestaciones laborales dentro del sector salud, son muestras claras de las irregularidades cometidas por los encargados de administrar estos recursos.
Y los ejemplos ampliamente conocidos en Chiapas sobran. Ahí están casos como el del injustificado recorte laboral masivo del mes de enero o las protestas de empresarios proveedores que apenas fueron liberados este fin de semana, tras más de dos meses de haber sido encarcelados por exigir el pago de los adeudos. Y qué decir de las protestas encabezadas por personal de secundarias técnicas, beneficiarios de programas sociales como Habitat o decenas de hospitales y escuelas, entre otros, para las que simplemente “no hay dinero”.
A lo anterior se suman las nuevas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que detectó durante el ejercicio 2015 irregularidades en el manejo y destino del presupuesto federal asignado a Chiapas por más de 2 mil 934.6 millones de pesos. Es la tercera entidad del país con más observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a la detección de millonarios recursos a los cuales simplemente no se les ha podido comprobar su uso.
Aunque con efectos sobre diferentes rubros, las decisiones siempre han provenido del mismo brazo ejecutor: la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, a cargo de Juana María de Coss León hasta 2016; y Humberto Pedrero Moreno de ese año a la fecha. Ha sido los encargados de hacer efectivas las decisiones financieras de Manuel Velasco y sus asesores. Determinaciones que han convertido a las dependencias en organismos de simples apariencias.
Por eso no sorprende la impunidad con la que hoy vive Juana María de Coss y la inmunidad prácticamente inquebrantable de Humberto Pedrero, pese a los graves señalamientos de la ASF que tiene a Chiapas como el estado más auditado del 2017 y una de las entidades con mayores irregularidades detectadas de 2012 a la fecha. Nada ha sido suficiente para aplicar cambios de fondo. Al contrario, se ha reprimido a quien ha intentado confrontar las titularidades de la dependencia.
Los problemas que hoy enfrenta Chiapas sobre el manejo irregular de los recursos públicos tienen responsables menos obvios y superficiales. Se trata de decisiones tomadas en cúpulas que están más allá de las débiles titularidades de dependencias estatales. Así los problemas difícilmente se van a resolver de raíz. Se necesita apuntar las protestas hacia las cabezas que realmente tomaron las decisiones y NO a simples “peones” listos para sacrificarse cuando se trate de negociar una solución conveniente para ambas partes… así las cosas.
