HÉCTOR ESTRADA
Y todo está listo para que el Congreso de Chiapas elija en breve al nuevo Fiscal General del Estado dentro de un quinteto de candidatos en el que las fichas parecen estar ya muy cargadas en favor del actual Procurador General de Justicia, Raciel López Salazar; que, en caso de no haber ninguna sorpresa, se estaría asegurando siete años más al frente de la misma dependencia estatal, lista para cambiar de nombre.
Junto a López Salazar, la propuesta de candidatos, aprobada por el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura y turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, está integrada por personalidades como: la actual Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Alma Rosa Cariño Pozo; el Fiscal Especializado Jurídico, Consultivo y de Legislación, Guillermo Domínguez Espinosa; la Subprocuradora General del Estado de Chiapas, María Susana Palacios García; y la Notaria Pública No. 107, Carolina Vázquez Esquinca. A excepción de la última, todos son subordinados del procurador chiapaneco.
Aunque en contextos distintos, no es la primera vez que la entidad chiapaneca tendrá una Fiscalía General. La figura fue instaurada en 2004, durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, y eliminada durante el primer año de gobierno de Juan Sabines Guerrero, en septiembre de 2007. Tres breves años en que se mantuvo bajo el mando absoluto del controversial fiscal Mariano Herrán Salvatti.
Entre 2007 y 2009 el organismo de procuración de justicia estuvo operando bajo la figura de Ministerio de Justicia, hasta la designación de Raciel López Salazar cuando recuperó el nombre de Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Desde entonces, pese a los cambios de administración estatal y las presiones políticas, nadie ha logrado desbancar en el cargo a López Salazar. Ni los escándalos personales o los fuertes rumores que aseguran lealtad vigente a quien lo colocó en el cargo han hecho mella.
Y la “terna” (que realmente es un quinteto) apunta nuevamente para beneficiar al aún procurador. La mesa perece estar puesta y servida, con los platos muy cargados hacia uno de los extremos. Las propuestas de contendientes por la silla de López Salazar francamente carecen de real peso político, no son figuras que representen verdadera competencia antagónica a las aspiraciones del procurador vigente. Se trata a todas luces de una contienda desequilibrada o de plano muy “a modo”.
Por eso no deberá extrañar que la designación no represente sorpresa alguna. No ha sido gratuita la permanencia de Raciel López durante lo que va del gobierno de Manuel Velasco Coello, y tampoco lo sería su muy probable repetición en el cargo. Sería deshonesto no admitir que López Salazar pesa en las negociaciones de seguridad interna; y en la terna, definitivamente, no se incluyó a alguien que tenga el mismo peso político que él. Para mal o para bien es una realidad.
Sin embargo, el asunto de verdadera relevancia para mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia va más allá del simple cambio de nombres o titulares. El cambio real tiene que ver con la eliminación de prácticas corruptas añejas que mientras se mantengan harán inútiles todas las intenciones gubernamentales para maquillar por fuera a un sistema tan podrido que no requiere de nuevas cirugías superficiales, cuando tiene ya las entrañas podridas.
Mientras las cosas no se modifiquen de fondo, la elección de un nuevo fiscal resultará tan intrascendente como la creación de la fiscalía misma. Y es que se requiere de un procedimiento de limpieza estructural que, sin duda, necesitaría de más tiempo, dureza y determinación que, en este caso, evidentemente no sucederá.
