Héctor Estrada
Una tremenda “cloaca” parece haber sido abierta por integrantes de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados del Gobierno de Chiapas, quienes denunciaron presuntos actos de corrupción y malversación de fondos por parte de Roberto Vázquez Vázquez, titular de dicho organismo, quien, aseguran, se ha enriquecido mediante el manejo irregular del dinero de los ex trabajadores gubernamentales.
La denuncia, hecha pública este miércoles, detalla diversas supuestas irregularidades cometidas por Roberto Vázquez, como el uso de los fondos de jubilaciones y pensiones para financiar un sistema de préstamos con elevados intereses de hasta el 60 por ciento del monto total. Se trata, dicen, de un negocio redondo, financiado mediante recursos que no son de su propiedad, con importantes ganancias que simplemente no han regresado a los fondos de origen.
Según los ex trabajadores, la falta de transparencia y rendición de cuentas respecto a este sistema de financiamiento ha generado ya un fuerte descontento entre los miembros del organismo no gubernamental, por lo que han exigido en múltiples ocasiones la expedición de reportes detallados sobre cada movimiento hecho con el recurso de los pensionados y jubilados, sin que hasta el momento se haya entregado semejante documento.
Y las dudas no son para menos. Los señalamientos sobre la operación de la denominada Unión Estatal de Pensionados y Jubilados del Gobierno de Chiapas tampoco son asunto nuevo. El organismo se trata realmente de una asociación civil que durante administraciones pasadas se empoderó como interlocutor o negociador de los fondos otorgados a ex trabajadores del gobierno de Chiapas, evitando en múltiples ocasiones la auditoría y vigilancia pública.
Debido a la falta discrecionalidad de los operadores, la mayoría de los agremiados desconoce el manejo real que se hace del dinero bajo responsabilidad de Roberto Vázquez Vázquez y sus operadores cercanos. No han habido mecanismos de transparencia efectivos y mucho menos medios que permitan a los agremiados conocer lo que sucede con el dinero total administrado por el organismo gremial, más allá de los simples reportes individuales. Esto sin contar que sus instalaciones permanecieron abandonadas por al menos un año.
Hoy la solicitud de los pensionados y jubilados exige a gritos la inmediata intervención del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) y organismos auditores en la materia para disipar las dudas y exponer las posibles irregularidades dentro del órgano no gubernamental al que se entregan tan importantes prestaciones laborales. Se requiere de una investigación seria y a profundidad que permita conocer a los ex trabajadores estatales qué se hace con el dinero que el Estado les otorga para los días de retiro.
La posibilidad de que existan aquí diversos delitos configurados como la malversación de fondos y la usura son suficientes argumentos para poner en “la mira” la operación de personajes como Roberto Vázquez Vázquez, quien ahora está innegablemente obligado a rendir cuentas ante las autoridades judiciales en cuanto las denuncias penales sean formalizadas.
Los trabajadores tienen derecho a saber qué se hace con su dinero y a exigir el castigo de la ley cuando alguien haya defraudado su confianza. Los “focos de alarma” se han prendido dentro del gremio de pensionados y jubilados chiapanecos que ahora podían tener sus prestaciones para el retiro en altos niveles de riesgo, ante un posible fraude que finalmente éste no sería la primera vez que sucediera en México… así las cosas.
