En el 2019 son 5 los activistas asesinados en Chiapas: Sinar Corzo, Noé Jiménez, José Santiago Gómez, Estelina López y José Luis Álvarez; al menos tres de los cinco casos quedarán impunes, a lo que se suma que muy probablemente estos cinco asesinatos no figuren en los datos de la fiscalía del estado, imposibilitando futuras carpetas de investigación.
De acuerdo al Informe de Investigación, “Cambiando el curso de la impunidad”, elaborado por las organizaciones WOLA y pbi, el gobierno mexicano ha sido incapaz de investigar y sancionar adecuadamente los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
La Fiscalía de Chiapas informó a WOLA que no registran los resultados de los casos que han sido llevados a juicio, ni la cantidad de personas que han sido condenadas o absueltas. Si bien la PGR proporcionó información sobre condenas, informó que no tiene un registro de seguimiento a los casos que resultaron en sentencias absolutorias.
En el estado de Chiapas del 2012 a septiembre de 2018 solo 24 solicitudes de protección han sido admitidas por el mecanismo encargado, lo que significa el 3.9% del total de casos recibidos; el estado, junto a Chihuahua con 24 solicitudes y Michoacán con 20, es de los que ha proporcionado menos protección a defensores de los derechos que la han solicitado.
Recientemente el director de Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, defensor de los derechos de los migrantes, fueron puestos en libertad, después de haber sido acusados de delito de trata de personas; como se ha venido gestando la falta sistematización, como lo señala WOLA, por parte de autoridades estatales este caso difícilmente tendrá esclarecimiento.
En Chiapas no existen registros de delitos contra personas defensoras y periodistas, al menos así lo reportaron los órganos oficiales a las organizaciones WOLA y pbi al solicitar información; las organizaciones también señalan que esto indica “un grave desprecio ante la gravedad de la violencia contra esta población, sino que también afecta la calidad de las investigaciones”, pues al no tener acceso a los datos de los delitos en contra de los periodistas y defensores de los derechos humanos, los ministerios públicos no pueden determinar patrones y conexiones de los casos.
