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En 2018 se sumaron 5 mil personas a la cifra de desplazados en Chiapas / En la Mira

En 2018 se sumaron 5 mil personas a la cifra de desplazados en Chiapas / En la Mira
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Héctor Estrada

Para nadie es un secreto que los desplazamientos forzados al interior de Chiapas siguen siendo uno de los principales pendientes en la agenda de los tres niveles de gobierno. La irrupción de los grupos violentos financiados por el gobierno de Manuel Velasco Coello y su partido político terminaron encrudeciendo un añejo problema que hoy sigue desangrando a comunidades enteras.
De acuerdo al más reciente informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), durante 2018 en el país se registraron 25 casos de desplazamientos internos forzados en cinco estados, con casi 11 mil 500 personas afectadas.
Guerrero y Chiapas concentran el mayor número de afectados. Tan sólo la entidad chiapaneca contabilizó un total de cinco mil 35 personas que se sumaron en 2018 a la cifras de desplazados internos. El estado concentra a más del 45 por ciento de la incidencia total a nivel nacional.
Los casos más recientes tiene que ver con los municipios de Chenalhó y Aldama donde la confrontación entre grupos armados del Partido Verde Ecologista de México y viejos cacicazgos dejaron un  ola de muerte y cientos de familias expulsadas que hasta la fecha no pueden regresar a casa.
Durante los últimos años, los ejecutados, desapariciones y episodios de violencia armada se convirtieron en una constante que ha arrebatado a los pueblos indígenas de Chiapas la tranquilidad de las manos para convertirlos en territorios sin ley. Son sitios que los grupos delincuenciales han ocupado, bajo la complicidad y omisión conveniente de las autoridades.
Este escenario de terror ha empujado a miles de familias a huir de sus hogares, de sus tierras y su legado familiar, con tal de salvaguardar la vida. Porque aunque parecieran inexistentes para muchos reportes oficiales y medios de comunicación, los desplazados por la violencia en Chiapas son una realidad.
De acuerdo a la investigación “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, de la autora Laura Rubio, bajo la coordinación del ITAM y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDHD), de 2006 a la fecha se estima la existencia de 30 mil personas desplazadas por la violencia en Chiapas.
Según este mismo trabajo documental, la entidad chiapaneca es el segundo estado con la mayor cantidad de personas desplazadas, sólo por detrás del Valle de Juárez, Chihuahua, que contabiliza más de 110 mil personas en dicha condición. Además de Veracruz y Sinaloa que siguen a Chiapas con 15 mil y seis mil desplazados, respectivamente.
La cifra habla de una realidad que ha querido ser ignorada o, por lo menos, minimizada durante los últimos años. Es un dato duro que deja ver los niveles de violencia a la que hoy se enfrentan miles de familias chapanecas, principalmente en zona indígenas.
Se trata de una realidad dolorosa que ha dejado pocas alternativas para sus habitantes, donde la ley que rige al resto del país no es aplicable y las familias desesperadas no tienen de otra que huir a lugares menos inseguros. Los desplazados de Chiapas requieren de medidas especiales para atender su situación, pero sobre todo, de compromiso real y menos simulación para devolver la gobernabilidad a sus lugares de origen… así las cosas.

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