Juan Carlos Cal y Mayor
“No tienen derecho a opinar, a criticar” fue el mensaje de Yeidckol Polevnsky a quienes llamó jauría de críticos por lo sucedido en Culiacán, Sinaloa. La premisa es que, autoinvestidos del monopolio absoluto de la autoridad moral, quienes hoy gobiernan al país, su partido y sus votantes, pretenden desautorizar a quienes ejercen un derecho inviolable, universal y constitucional.
Se fustiga el libre albedrio, el derecho a pensar diferente, el derecho incluso a equivocarse. Se aduce la legitimidad del presidente. La echan en cara como si les diera derecho a suplantar toda la voluntad ciudadana. Un 53% que lo eligió contra un 47% que votó por otras opciones. 30 millones de votos de un total de 89 millones de electores. Para ellos todo tiempo pasado fue peor. Descalifican per se a todo aquel que se atreva cuestionar.
Se acusa de “traición a la patria” a una empresa por decir que no ve condiciones para invertir en el país. Parecen ignorar que ese pesimismo es generalizado en la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país. La desaceleración económica es notoria. El crecimiento nulo. Lo dice la Secretaria de Hacienda, el Banco de México, el INEGI y las calificadoras que hoy por eso son descalificadas. Nadie se atreva a contradecir que vamos “requetebien”. La cifra de la inseguridad y los homicidios dolosos se ha triplicado. Las ejecuciones son el pan nuestro de cada día.
La preocupación es legitima. El no haber votado por nuestro ahora presidente no despoja a los ciudadanos de sus derechos políticos, de la libertad de manifestarse, asociarse, de exigir cuentas, de reclamar, de exigir como lo hace la organización “No mas derroches” que no se entierren 100 mil millones de pesos en Texcoco. Que no se gasten 175 mil millones en un aeropuerto “austero” que no ha cumplido con todos los requisitos y autorizaciones que requiere para operar.
Bajo el argumento de que antes lo hicieron todo mal y dejaron un cochinero, no se puede opinar, no se tiene autoridad moral. Para los feligreses de Morena nadie se quejó de los gobiernos anteriores. Ni la prensa, ni los ciudadanos. Ellos son el ahora, nosotros el antes. Todos fuimos cómplices del pasado que nos abruma. Nosotros culpables, ellos los jueces de Núremberg. Es el reino de la ignominia.
Para el presidente, sus críticos son adversarios, rivales, contrincantes. Desde el templete del santo oficio en palacio, azuza a sus huestes, las estimula a linchar a quienes tienen el atrevimiento de criticarlo, de distraerlo en la conducción de nuestro destino manifiesto. Los moralmente derrotados deben pasar bajo las horcas caudinas, portar de por vida la letra escarlata. Hay que humillarlos, exhibirlos, no merecen menos. Para eso están prestos los jemeres rojos.
Nos asemejamos a la Roma de Tiberio, el emperador de triste memoria, que instauró los “juicios por traición”. El castigo: la confiscación de bienes y también con la muerte a quienes fuesen sentenciados como culpables por el delito de traición contra su majestad el emperador considerado como figura sagrada. Por eso la gravedad del crimen. Bastaba el testimonio de alguna persona que jurara ante las divinidades romanas el que un ciudadano romano hablara mal del emperador o bien que estaba planeando algún acto en su contra, cualquiera que fuera, para que procediera esta acción. Las masas aplauden la guillotina. Es un acto de expiación. En la place de la Concorde, más de mil personas fueron decapitadas por la revolución. Miles de mujeres murieron en la hoguera bajo la inquisición acusadas de brujería. Millones de judíos en el Holocausto.
Lamentable es que personas sensatas no entiendan que lo que está en disputa no es el regreso del PRIAN, el neoliberalismo o la mafia del poder. No es solo la economía o la seguridad. Es la democracia. No el derecho a elegir a nuestros gobernantes, sino el ejercicio pleno de nuestras libertades, entre ellas, opinar…
