Héctor Estrada
Dos años se han cumplido desde el cobarde asesinato del reportero chiapaneco Mario Gómez y los autores intelectuales de su crimen permanecen en la absoluta impunidad. Las autoridades parecen apostarle al olvido de un hecho cuya justicia ha llegado “a medias”, entre viejas sospechas de complicidades evidentes y beneficios de inmunidad para asesinos aparentemente influyentes.
Mario fue asesinado la tarde del 21 de septiembre de 2018 a las afueras de su hogar, en el municipio de Yajalón, frente a su propio hijo. Dos personas sobre una motocicleta se aproximaron hacia donde se encontraba y tiraron a matar. Fue una ejecución captada por cámaras de seguridad que registraron el aterrador momento.
Entre la desolación de su familia y el escándalo de la ejecución pública, Mario fue trasladado en una ambulancia al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Las balas de los ejecutores habían cumplido su encomienda. Poco se pudo hacer. El joven corresponsal del Heraldo de Chiapas se había sumado a la lista de 66 periodistas asesinados en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Según publicaciones del mismo Mario Gómez, documentadas por Artículo 19, el 15 de junio de ese mismo año el corresponsal del Heraldo de Chiapas recibió las primeras amenazas contra su integridad y la de su familia. Sólo un día después, el 16 de junio fue alertado por personas de la localidad sobre un grupo de al menos 7 personas esperándolo para privarlo de su libertad en cuanto apareciera en el centro de la cabecera municipal.
Después de la denuncia pública y penal, tras la presión realizada por organizaciones no gubernamentales, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), entonces a cargo de Raciel López Salazar, decidió asignarle protección especial que con el paso de las semanas terminó por diluirse. El día de su asesinato Mario y su familia estaban prácticamente indefensos; y las amenazas se hicieron efectivas.
El 24 de septiembre la Fiscalía General anunció la detención del primero de los autores materiales, Juan Pablo N. Sólo unos cuantos días después se informó sobre la captura de Óscar Leyver N, alias “El Zapatudo”, y a Juan David N, “El Machaca”, este último, líder de una banda de narcomenudistas que operaba en Yajalón. Sin embargo, desde entonces un silencio sepulcral por parte de la Fiscalía envolvió el caso.
Bastaron tres días para detener a los autores materiales, pero han pasado dos años y los autores intelectuales siguen “sin ser identificados”. El proceso indagatorio se ha sumido en un letargo profundo. Esa es la precepción expresada por la familia de Mario mediante una entrevista realizada por la periodista Itzel Grajales a principios de año. De la supuesta pensión prometida por Manuel Velasco a los hijos del periodista tampoco ha habido nada.
Este lunes la familia de Mario nuevamente se manifestó en la capital de Chiapas para exigir justicia. Sin embargo, esta vez llegaron con nuevos temores. Los detenidos podrían ser liberados ante la falta de elementos y sentencias definitivas para mantenerlos tras las rejas y han amenazado con vengarse de la familia, aseguró la hermana durante una entrevista otorgada a medios de comunicación.
Los hermanos del periodista además advirtieron un posible conflicto de intereses, pues denunciaron que -según documentos ministeriales- uno de los abogados que asumió la representación legal de los acusados en 2018, Jorge Segismundo Rotter Diaz, actualmente se desempeña como fiscal de Procedimientos Penales y eso, temen, podría estar interfiriendo en el expediente.
Mario es el ejemplo claro de lo que sucede con la mayoría de los asesinatos a periodistas y activistas en México, donde la justicia se reduce a la detención de chivos expiatorios o autores materiales para permitir que los verdaderos orquestadores de tan cobardes crímenes permanezcan en total impunidad. El caso de lo sucedido en Yajalón no estará cerrado hasta que todos los involucrados sean identificados y finalmente se sepa ¿quién mandó matar a Mario Gómez?… así las cosas.
