Olga Hernández Ávila, profesora de la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Universidad Iberoamericana(UIA) sostiene que la pandemia por coronavirus puso a la vista la evidencia de las violaciones sistemáticas a los derechos laborales del mundo.
En una publicación en la página oficial de la UIA, la académica subrayó las omisiones de algunas empresas maquiladoras que se mantuvieron laborando, sin establecer los protocólos y las medidas adecuadas sanitarias para sus trabajadores, pese al llamado que hizo el Gobierno Federal para frenar operaciones de las actividades no esenciales. Dichas empresas no le dieron importancia y continuaron así hasta que la autoridad los obligó a parar actividades, debido a la contingencia sanitaria, lo cual provocó la propagación del contagio de empleadas y empleados.
Según el último comunicado de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el miércoles 06 de mayo, en México se han registrado 27,634 casos confirmados de coronavirus y 2,704 defunciones. Para evitar la propagación de esta enfermedad, desde el pasado mes de marzo, el Gobierno Federal proclamó la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la cual se hizo un llamado de alerta a la población para permanecer en casa y se solicitó al sector privado colaborar mediante la suspensión de actividades no esenciales, de manera que se redujera la movilidad , en consecuencia, el riesgo de contraer y propagar el COVID-19.
Hernández Ávila dio como ejemplo su hipótesis con la situación de los campesinos del Valle de San Quintín en Baja California, una de las entidades con mayor número de contagios, los cuales no pueden parar sus actividades laborales al tratarse de la única forma que tienen para mantener sus ingresos, debido a que se les paga por jornada, al carecer de beneficios y sobre todo de derecho a un empleo estable, el cual es uno de los 11 Derechos Humanos laborales.
Hernández Ávila, destacó que aquellos derechos son violados en algunas ciudades, en donde, a pesar de las medidas establecidas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, algunas grandes tiendas de electrodomésticos aún permanecen abiertas , sin llevar a cabo ningún protócolo con disposición de seguridad sanitaria, así como también no se ejerce algún tipo de sanción o llamado de atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS).
No hay que olvidar que del otro lado de la moneda también se encuentra la situación de los trabajadores del sector informal, la cual según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la ocupación y empleo, en el último cuatrimestre de 2019, 31.3 millones de personas se encuentran dentro de la población ocupada informal. La mayoría de las y los trabajadores que pertenecen a esta área no están protegidas por el Estado, lo que significa que no tienen garantizado el derecho a la seguridad social.
Para seguir ejemplificando la problemática en México, Hernández Ávila lo ejemplificó con el caso de las y los trabajadores del hogar, que, según el sindicato de dicho gremio, durante el confinamiento por coronavirus, únicamente el 4% de sus sindicalizados están recibiendo un salario seguro sin asistir al domicilio donde prestan sus servicios.
“Y aunque sólo el 17% de las personas que trabajan en la formalidad acceden al derecho a la seguridad social, es decir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunas de ellas no escapan a la violación a sus derechos humanos laborales, por ejemplo, les inscriben con un salario base de cotización inferior al real, lo cual mina el acceso a créditos de vivienda y a la cotización de su futura pensión.”, destacó el artíulo.
La académica expresó su preocupación por el home office que muchas empresas han podido implementar como opción para seguir manteniendo sus operaciones.
La investigadora recalcó que posiblemente, después de la pandemia, varios centros de trabajo recurran a dicha modalidad de manera permanente y con esto, se incrementen las violaciones a los derechos humanos laborales, “ya que si éstos no se les garantizan a quienes acuden a los centros de trabajo, cabe pensar que menos a quienes trabajarán desde sus casas, personas que en principio podrían verse obligadas a laborar más de ocho horas al día, que son el máximo establecido por ley para una jornada.”, informó Hern+andez Ávila.
Para afrontar las vulneraciones a los derechos humanos de los trabajadores, la docente de la DEC de la IBERO dijo que apuesta por el establecimiento de una “renta básica universal” en el país, lo cual consistiria en otorgar a las personas un salario básico, lo cual puede garantizar su acceso al mínimo al derecho humano de un nivel de vida digna.
