Héctor Estrada
La crisis generada por el Covid-19 parece haber sido el “tiro de gracia” para el Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla (Situsa), mejor conocido como Conejobus, que desde hace años arrastra un estado de quiebra financiera debido a los malos manejos y las deudas heredadas por el gobierno de Manuel Velasco, además de problemas estructurales de origen.
La forma en que se gestó a la empresa con la asignación de un cuantioso pago de utilidades para los 105 socios concesionarios, equivalente al 49 por ciento de los ingresos, y la corrupción desatada durante el gobierno verde llevaron al Conejobus -en menos de seis años- a alcanzar un quebranto financiero de 200 millones de pesos.
El Conejobus es un sin duda un negocio rentable, con errores administrativos de origen y problemas de corrupción que han mermado su situación con el paso de los años. Las negociaciones del entonces gobernador Juan Sabines Guerrero con el grupo de 135 concesionarios, que hasta 2010 tenían el control absoluto de las dos rutas con mayor demanda de la capital chiapaneca, dejaron importantes debilidades financieras como parte de los acuerdos políticos para consumar la llamada “modernización del transporte público”.
Desde ese entonces el Gobierno de Chiapas comprometió el pago de más de dos millones de pesos mensuales a los concesionarios (entre 15 mil y 19 mil pesos a cada uno), por el sólo hecho de no oponerse a la salida de sus viejas unidades y permitir la entrada de los nuevos camiones. Así se conformó la nueva asociación de concesionarios cuya mayor “inversión” fue acordar con Sabines Guerrero facilitar la aplicación del proyecto.
Se trataba de concesiones que bien pudieron ser reubicadas en otras rutas o suspendidas por irregularidades evidentes en la calidad del servicio, el estado de las unidades u otras tantas deficiencias que los usuarios aún padecen en otras rutas de la capital chiapaneca, igual de deficientes. Pero se trató de un acuerdo político que iba más allá de la rentabilidad futura para la empresa. Fueron acuerdos de momento, de gobernabilidad temporal que dejaron discordancias financieras insostenibles.
De las más de 100 unidades iniciales actualmente sólo operan 30. La mayoría se mantiene en los talleres a la espera de reparación. Y para renovar algunas unidades especiales fue necesario hacer uso de fondos federales para inclusión de personas con discapacidad al transporte público. La situación se ha vuelto ya insostenible.
La actual crisis por Covid-19 y la drástica disminución en el número de usuarios han sido el “tiro de gracia” para una empresa que ha vivido de rescates financieros. Desde principios de 2020 no se han pagado las utilidades a los socios concesionarios y hoy se adeuda la última quincena a los 50 operadores de las unidades.
La salida anunciada por las autoridades no ha sido otra que la disolución de la empresa y la reubicación de las concesiones asociadas a otras rutas de la capital chiapaneca, para dar paso a un nuevo modelo de negocios que sustituya al SITUSA, poniendo así fin a la historia del Conejobus en Tuxtla Gutiérrez… así las cosas.
