César Trujillo
El fin de semana los trabajadores de Proactiva (ahora Veolia) —la empresa encargada de la recolección de basura en la capital coneja— se fueron a paro laboral. La causa principal es la negativa de la firma franco-española de entregar el reparto de utilidades, un derecho constitucional de los trabajadores estipulado en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo y que se apega a la Declaración Anual que la compañía presentó ante las autoridades fiscales. Parece un mal chiste que una empresa que cobra 11 millones de pesos mensuales —132 millones de pesos al año— por dar un servicio pésimo a la ciudadanía y contaminar el agua con lixiviados, se niegue a pagar a sus empleados lo que les corresponde.
Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el reparto de utilidades se debió recibir a más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral (empresa o corporativo) y las personas que trabajan para una persona física, deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio. Sin embargo, Proactiva está tirando la bolita al Ayuntamiento capitalino sindicando que éste le adeuda varios meses y que, por ende, no tienen los recursos. Lo cual es una justificación burda y sin sustento legal, pues ese conflicto “entre particulares” (como califica el alcalde Fernando Castellanos a las luchas por el medio ambiente y la contaminación) no exime a la empresa franco-española de su responsabilidad ante la ley.
Aunado a ello, los trabajadores han aprovechado este paro laboral para señalar las condiciones precarias en las que tienen que laborar. Empezando por los uniformes roídos y maltrechos que usan; la falta de guantes, cubre bocas y zapatos para maniobrar en la recolección de basura; el chantaje y las amenazas del líder sindical que sin importar los míseros salarios exige cuotas a todos; los camiones que se han quedado sin frenos, que carecen de estribos y que es un asunto delicado que podría terminar en una tragedia afectando a terceros. Si a esto se le suma que los trabajadores ganan 80 pesos diarios —2 mil 400 pesos al mes, un sueldo mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades primarias de una persona— y que si los despiden no son liquidados y los hostigan y amenazan para que desistan en la lucha de querer demandar una indemnización, Proactiva debe ser sancionada por vejar los derechos laborales de su plantilla y por la violación sistémica de los derechos humanos al obligarlos a trabajar en condiciones donde impera la negligencia.
¿Qué esperan las autoridades para romper ese contrato con la empresa que sólo ha llegado a sangrar al erario sin dar un beneficio a la población? ¿cuánto se ahorraría el Ayuntamiento capitalino si se remunicipalizara la recolección de basura? ¿qué intereses protegen las cúpulas políticas en el poder al permitir que Proactiva no sólo veje los derechos laborales, sino que sea culpable de ecocidio comprobado en el estado? ¿entenderá ahora Fernando Castellanos, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, que la ciudad capital se ahoga en el pésimo servicio de esa empresa invasora y que estos problemas nos son luchas aisladas sino que nos compete a todos?
La solución no es que si Proactiva no trabaja, el Ayuntamiento mande sus camiones como plan B. Al fin de cuentas el pago sigue corriendo y el adeudo a dicha empresa incrementándose. Urge una solución de fondo. Recordemos que si bien en el trienio de Vicky Rincón se gastaban 12 millones de pesos en la recolección de basura, ¿cuánto se gastaría el Ayuntamiento en ser él quien tome el asunto de la recolección en sus manos ahora? Pagar 132 millones de pesos al año es un gasto muy alto para todos, recurso que bien podría invertirse para otras acciones.
Proactiva ha demostrado ser un monstruo que extiende sus brazos y asesina todo lo que toca. Ya se encargó de aniquilar al predio San Martín Mujular, ahora sus contaminantes llegaron a los ríos Pacú y Sabinalito, y éstos al Grijalva. Es inadmisible que el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y los Poder Legislativo se encuentren tan pasivos ante un problema que representa focos rojos en varias aristas y que se resolvería llevándolo al plano legal.
Existen pruebas fehacientes de que Proactiva contamina y debería pagar por todo el daño que está haciendo, si tomamos de forma literal ese slogan de campaña de los verdeecologistas. Es triste la imagen que da la ciudad con los cerros de basura sin recoger porque la empresa no cumple con los horarios. A ello debemos sumarle la nula cultura de los ciudadanos de depositar su basura en los botes. Los resultados los hemos visto con las lluvias, las calles anegadas, las alcantarilladas taponeadas. Con los antecedentes de Proactiva hay que estar muy pendientes de cómo se dirigen las cosas en el conflicto de los trabajadores. Ojalá la CEDH tome cartas en el asunto y las leyes dejen de torcerse al capricho y antojo de los poderosos.
Manjar
María de Jesús Patricio Martínez fue nombrada vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), quien será su representante o candidata independiente a la Presidencia en el 2018. En la asamblea realizada en San Cristóbal también quedó constituido el Concejo Indígena de Gobierno para México. Más allá de los que se desgarran las vestiduras sindicando que es una estrategia para quitar votos a AMLO, se debe remarcar que es loable que una mujer sea la que abandere a los pueblos indígenas de México. #Tenemoscandidata // La recomendación de hoy es “Detrás de nosotros, estamos ustedes” del subcomandante Marcos y el disco “Euforia” de Fito Páez. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.
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