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Chiapas rompe todos sus récords en deportaciones

Chiapas rompe todos sus récords en deportaciones
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*En el 2018 la entidad presentó 63,109 extranjeros ante la autoridad migratoria, cifra que, al ritmo con el que caravanas continúan ingresando, se verá superado con creces en el 2019.

 

Carlos Álvarez

 

De acuerdo al Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, información proporcionada por la Unidad de Política Migratoria, en el año en curso han sido deportados 16,936 migrantes: 4,371 en enero, 5,721 en febrero y 6,844 en marzo, cifra que va en aumento y posiciona a Chiapas en el primer lugar en deportaciones, muy por encima de cualquier otra entidad del país. Cabe destacar que todas las personas, en lo que se refiere a eventos de migrantes, son ingresadas a las estaciones del INM tras no acreditar su estancia legal en el país..

De ese total, 7,273 han sido deportados solo del municipio de Tapachula, cifra que, con excepción de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, supera el total en deportaciones en el año 2018 de los demás estados de México.

En Tuxtla Gutiérrez al mes de marzo de 2019 han sido deportadas 2,325 personas, número con el que la capital del estado supera el total de deportaciones del resto de las entidades federativas hasta el mes señalado.

Las nacionalidades predominantes del total de deportado se concentran en El Salvador, Guatemala y Honduras, en su mayoría mayores de edad, destacando que 707 es el número niños de 12 a 17 años en calidad de no acompañados y 112 niños de 0 a 11 años, en la misma calidad.

El pasado 31 de mayo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de México, publicó un informe titulado “La frontera sur es una tortura silenciosa” en el cual se documentan violaciones por parte de las instituciones oficiales. En dicho documento se ha señalado que en la detención migratoria la represión y el castigo fungen como estrategias, vulnerando la unidad familiar. Sostienen que a gran parte de las personas se les ha negado el reconocimiento de la condición de refugiadas debido a que estos permisos están burocratizados con la finalidad de extender el tiempo y obstaculizar resoluciones posibles.

La exigencia principal del informe es que el gobierno se traslade a una política centrada en la seguridad e integridad humana, además de cumplir con las políticas migratorias a la par de los derechos humanos.

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