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Casi 10 mil hogares indígenas sobreviven con remesas enviadas por etnias migrantes: UFIC

Casi 10 mil hogares indígenas sobreviven con remesas enviadas por etnias migrantes: UFIC
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(CODICS).- Rocío Miranda Pérez, Presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, advirtió que el sector indígena del país conformado por más de 12 millones de habitantes, enfrentarán un “negro panorama” en el futuro inmediato pues los recursos que propone la Secretaría de Hacienda para Pueblos Originarios, de la CDI, de 6 mil 088.9 millones de pesos en  2018 son insuficientes por lo que su sobrevivencia seguirá dependiendo  de las remesas que envían las etnias mayas, tarahumaras y mixtecos que radican en la Unión Americana y Canadá.

 

La dirigente de UFIC citó el estudio elaborado del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en la que se detalló que de los 30 mil 652 hogares que se estima reciben remesas en el país, 32 por ciento son indígenas, de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, todas, dijo “consideradas entidades en pobreza alimentaria y patrimonial”.

 

Por lo anterior, lamentó el hecho de que el presupuesto a Atención Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se proyecte en 6 mil 088.9 millones de pesos, 4.86% más, 282.3 millones de pesos más al monto otorgado en 2017 cuando fueron  5 mil 806.6 millones de pesos y se detecte incrementos sustanciales a programas sociales como el de Adultos Mayores considerando que 2018 es un año “eminentemente electoral”.

 

Sostuvo que mientras la CDI recibirá dicho monto, Pensión para Adultos Mayores tendrá un aumento de mil 685.2 millones de pesos al pasar de 35 mil190.5 millones de pesos a 38 mil 875.7 millones de pesos y lo mismo sucede con Prospera Desarrollo Social que llegará a 11 mil 344.6 millones de pesos, situación que muestra tendencia al asistencialismo.

 

 

En cambio, detalló, Rocío Miranda Pérez, Atención a Migrantes que opera la Secretaría de Desarrollo Social pasa de 156.5 millones a 164.0 millones de presos en la propuesta presupuestal federal y el programa de Atención a Migrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores se queda igual que en 2017, es decir, en 75 millones de pesos, lo que muestra el desprecio y desinterés por este sector poblacional generador de recursos, desde el extranjero, para millones de indígenas en momentos en que las políticas migratorias específicamente de Estados Unidos son depredadoras.

 

Rocío Miranda Pérez, líder nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, hizo un llamado al Congreso de la Unión a buscar una reorientación del Programa Especial Concurrente 2018 para no dejar que se lucre con el hambre y la necesidad de los pueblos indígenas quienes utilizan remesas y programas asistenciales para comer, vestir, vivienda y pago de deudas pero no así para el ahorro o empoderamiento económico y social.

 

Esta problemática, dijo, es una de muchas que enfrentan las comunidades indígenas de México porque también hay que considerar que a pesar del amplio consenso internacional sobre la importancia del papel de las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la desnutrición en el mundo, aún existen limitaciones en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, lo que dificultan su empoderamiento y visibilidad pues con la migración del hombre ellas pasan a ser la cabeza de familia pero no así las dueñas de la tierra a cultivar.

 

Recordó que en América Latina existen más de 826 pueblos indígenas, de los cuales una gran parte de ubica en nuestro país y se estima que hay 26.5 millones de mujeres indígenas en la región, de acuerdo a datos de la FAO.

 

Pero además, la pobreza extrema en los pueblos indígenas es más del doble que la incidencia en el resto de la población y los mayores problemas asociados como desnutrición y hambre se centran en niñas y niños menores de 5 años y mujeres.

 

Ante ello, la líder nacional de UFIC, se pronunció también por impulsar el acceso de la mujer a tierra, el rol de los programas de protección social, asignación presupuestaria con un enfoque cultural y políticas públicas desde la cosmovisión de las mujeres indígenas tomando en cuenta el consentimiento libre, previo e informado como lo recomiendan los organismos internacionales.

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