Juan Carlos Cal y Mayor
La organización no gubernamental Human Rights Watch lanzó la semana pasada acusaciones contra el presidente de El Salvador Nayib Bukele por violaciones derechos humanos. Esto porque circularón fotografías de los pandilleros que estan purgado penas en las cárceles y porque el presidente de ese país ordenó el uso letal a las fuerzas policiacas después de varios días en que se incrementaron abusos y asesinatos que indignaron a la población inmersa en la crisis sanitaria por la pandemia a que a todos nos azota. Se inició por ello un alegato sobre los derechos humanos desde polos opuestos respecto del tratamiento que merecen los reos, los presuntos y muy probables delincuentes de esta organización criminal.
De acuerdo a una nota del periódico El Economista, en 2017 El Salvador fue el país con la mayor tasa de homicidios en América Latina y en el mundo, con 91.2 muertes por cada 100,000 habitantes; le sigue Honduras, con 59.1 homicidios; el tercer lugar lo ocupa Venezuela, con 58 asesinatos por cada 100,000 habitantes; Brasil registra un promedio de 28.3 muertes por cada 100,000 habitantes; Guatemala, 27.3 homicidios y Colombia, 21.9 homicidios.
En México la 4t decidió evitar el uso de la fuerza excesiva para reprimir a la violencia solo para casos de absoluta necesidad y como última alternativa. Bajo esos criterios opera hoy la Guardia Nacional. Los resultados están a la vista. Lo vimos en Sinaloa donde la delincuencia organizada ha demostrado armas de alto poder superiores a las de las fuerzas policiacas. Los homicidios dolosos se han multiplicado alcanzando niveles históricos. Y todavía se sigue diciendo el gobierno de Calderón cometió el error de declararle la guerra al narco. El trato ahora es diferente. Ya vimos las conmiseraciones del presidente. Apuesta por becar a los jovenes para que se alejen de la tentación de convertirse en sicarios, pero no existen mecanismos de evaluación y medición para observar resultados. Cierto es que los países que han alcanzado altos niveles de desarrollo han reducido la delincuencia. Pero eso esta estrechamente vinculado a los países con mayor libertad económica. En Noruega prácticamente se han eliminado las cárceles. Y quienes son penalizados viven en condiciones que les permiten readaptarse de manera efectiva.
Singapur pasó de ser un país violento y en unos cuantos años tiene un mejor nivel de vida y un mayor poder adquisitivo que muchos de los más importantes países de Europa. En 2004 llegó al poder Lee Hsien Loong como primer ministro y a partir de ahí se produjeron cambios represivos y radicales. Se atacó fuertemente la corrupción y las violaciones de mujeres lo que produjo una reducción notable de la inseguridad. Singapur es famoso por sus espacios pulcros, su organización y su orden extremo. Para ello, sus ciudadanos y los visitantes deben cumplir con rigurosas normas. Las leyes recaen duramente para los traficantes de droga, quienes son sentenciados a la pena de muerte. En ese sentido las penas son muy duras también para la posesión y consumo dentro del país. En México se ha aprobado la aministía por esos delitos y no existe la seguridad de que no se vuelvan a dedicar a esos ílicitos que ahora se consideran menores al tiempo de que se quiere despenalizar la posesión y el consumo de la marihuana para fines lúdicos. El presidente, por cierto, dice no estar de acuerdo con eso.
La mara salvatrucha es un fenómeno delictivo con todo un ritual de inicialización. La primera prueba que deben pasar los jovenes es una terrible golpiza y asesinar a una persona sin importar de quien se trate. Las mujeres tienen que aceptar ser violadas en múltiples ocasiones. Se ha vuelto un cuento de nunca acabar. La historia comenzó hace algunos años en los barrios de inmigrantes de indocumentados en los Angeles, California. Las autoridades de Estados Unidos decidieron deportarlos y literalmente los treparon en aviones para liberarlos en El Salvador.
Por eso Nayib Bukele el joven presidente del país centroamericano acepta con irónia que ahora lo llamen dictador. Se ha propuesto combatir y erradicar de tajo ese fenomeno. Y ya hay resultados. Rudolph Giulliani lo logró en Nueva York bajo el esquema de cero tolerancia. Marcelo Ebrard siendo jefe de gobierno lo contrató pero al poco tiempo renunció a la idea. No cabe duda que es un tema complejo pero ya está visto que una acción firme del estado da resultados. No es un tema de voluntarismo ni decirle a las mamacitas que le digan sus hijos que se porten bien. No alcanza con eso. Al estado le corresponde el monopolio de la fuerza para mantener el orden y la seguridad. No ejercerlo es claudicar a su obligación.
