Héctor Estrada
Aunque la mayoría de los casos quedan entre el anonimato, la indiferencia y la casi “normalidad” que provoca su alta incidencia, la trata de personas es un delito que sigue atormentando la vida de miles de personas a lo largo del territorio mexicano con más de cinco mil 200 casos entre 2012 y 2017, dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Y la cifra puede resultar realmente conservadora, tomando en cuenta que se trata sólo de los casos denunciados ante las procuradurías estatales, por lo que la realidad seguramente está muy por encima de las estadísticas. Y es que los números oficiales, según los expertos, sólo representan un 30 o 40 por ciento de las víctimas reales.
En esta problemática Chiapas no ofrece buenos escenarios. La entidad esta ubicada como el segundo estado del país con mayor incidencia de casos denunciados, sólo por debajo de Baja California que se ubica a la cabeza nacional con el mayor número de averiguaciones previas iniciadas por los delitos de explotación sexual, tráfico de mujeres y niños.
La entidad chiapaneca se encuentra entre las cinco entidades que concentran el 70 por ciento de las denuncias por dicho delito en todo el país. En la “lista roja” se ubican Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Las condiciones fronterizas y el vacío de seguridad en zonas de alta incidencia dentro de Chiapas se han convertido en tierra fértil para la explotación sexual sin controles y diagnósticos verdaderos sobre la situación.
La CNDH detalló que 85 porciento de las posibles víctimas son niñas, adolescentes y mujeres, siendo la explotación sexual el principal fin. En Chiapas sucede un situación particular, el número de extranjeras sometidas a ese trabajo sexual se ha disparado drásticamente durante los últimos años, alcanzando casi el 50 por ciento de la incidencia estatal.
Integrantes de organizaciones como “Mujeres por la Superación de Tapachula” se han manifestado una y otra vez en esa misma ciudad para exigir a las autoridades “visibilizar la problemática” y crear programas integrales que verdaderamente combatan dicho delito. Además han denunciado hasta el cansancio la falta indicadores medibles y un diagnóstico real del problema, pero nada parece haber cambiado durante el pasado sexenio.
De acuerdo con el Informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el país entero no muestra avances significativos por lo menos desde 2011, año a partir del cual se cuenta con información relativa a la actuación que las autoridades federales y estatales ha tenido en la materia.
Frente a este lamentable panorama no queda más que exigir menos discursos y más acciones contundentes. De nada les sirve a las miles de personas explotadas las buenas intenciones gubernamentales si no se hace un trabajo verdaderamente comprometido para desarticular a las bandas delincuenciales y mejorar los procesos jurídicos y de investigación; pero, sobre todo, combatir la corrupción judicial que se sustenta como principal cómplice de este y muchos delitos más… así las cosas
